CONSUMO
CON DERECHOS

Cannabis responsable

#CannabisSinPrisión

El activista Albert Tió y otras dos personas podrían entrar en prisión en las próximas semanas por formar parte de la Junta de una Asociación Cannábica

Le han denegado todos los recursos a la espera de que se posicione el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal de la Audiencia Provincial no quiere esperar a que se resuelva dicho recurso.

 

2 de junio, 2020. Esta mañana se ha presentado en rueda de prensa online el lanzamiento de una campaña de apoyo ciudadano a un indulto presentado para que Albert Tió, y otros dos miembros de una Asociación de Consumidores de Cannabis, no entren en prisión. Albert Tió, activista desde hace años por los derechos de los consumidores de cannabis y miembro de la Federació d’Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya, podria entrar en prisión en las próximas semanas ya que la Audiencia Provincial ha rechazado suspender la condena hasta que se resuelva el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional.

La campaña busca apoyos para una petición de indulto para los 3 miembros de la Asociación Airam de Barcelona, ​​por una condena de 5 años de prisión, 3 por delito contra la salud y 2 por asociación ilícita, por un cultivo colectivo, para abastecer a los miembros de la asociación. 

La asociación llevaba años trabajando de manera transparente en la incidencia política para acabar con la inseguridad jurídica del modelo de asociación, que nació en Barcelona y se ha exportado a todo el mundo, realizando proyectos de investigación asociados, tanto medicinales, como sociales y políticos. Además, se impulsó la Fedcac (Federación de Asociaciones cannábicas autorregulada de Cataluña) para poder mantener comunicación directa y la colaboración con los grupos parlamentarios y los órganos de gobierno. 

Fruto de este trabajo se creó un modelo de buenas prácticas que dio lugar a la ley Rosa Verda, a través de una ILP desarrollada conjuntamente con la otra federación catalana, la Catfac. Esta ley aprobada en 2017 por el Parlament con apoyo de todos los grupos a excepción del PP, y posteriormente suspendida por el Tribunal Constitucional por motivos competenciales, razón por la cual se quiere trasladar al Congreso, donde sí que hay las competencias para aprobarla.

El proceso lleva ya más de 10 años, con 6 causas: 3 ganadas con absoluciones en los penales, 2 conformidades y una condena firme. Han asumido ya multas de 2,5 millones de euros, lo que los convierte, tal y como apunta Albert Tió, en “arruinados vitalicios”, y actualmente se encuentran cumpliendo  trabajos en beneficio de la comunidad.

El activista ha sostenido que los acusados son “cabezas de turco” por haber sido “muy transparentes con la prensa y sobreexpuestos a nivel político”, ya que estaban trabajando para activar cambios legislativos. “Lo más fácil era acusarnos a nosotros para intentar acabar con el movimiento, pero nada más lejos, ya que el modelo ya es una realidad aceptada socialmente y tolerada administrativamente con unas 2000 asociaciones en todo el país, 800 de las cuales en Cataluña”, defiende. 

Por su parte Hector Brotons, abogado del equipo jurídico de Albert Tió y Director del Estudio Jurídico Brotsanbert,  ​experto en la defensa de autocultivadores y de asociaciones de organización del autoconsumo o clubes sociales de cannabis, ha defendido que este proyecto de autoorganización del consumo “suponía una alternativa al mercado negro con importantes beneficios sociales, tanto en la protección de la salud de los usuarios como en la creación de un espacio que los aleja de las redes de delincuencia y de la estigmatización social.”

“La doctrina que ha servido para condenar a AIRAM y a muchas otras asociaciones condena más duramente a estructuras democráticas no lucrativas, en que se veta la participación de menores, se implementan programas de reducción de riesgos, se pagan impuestos y seguridad social y se coopera con las autoridades que al mercado negro de las drogas controlado por las mafias”, ha defendido Brotons, argumentando que esta doctrina vulnera el derecho a la salud, a la legalidad penal, el derecho a la igualdad y el derecho de asociación”, ha argumentado el abogado.  

Sònia Olivella, abogada del equipo jurídico de Albert Tió y especialista en la defensa de derechos de los consumidores de cannabis, ha defendido la petición de indulto para que la política llegue allá donde no han llegado los tribunales: “el Estado todavía tiene la posibilidad de enmendar esta situación, porque la gracia de Indulto existe justamente para casos como este. El Gobierno español sí ha de valorar elementos que los tribunales no hayan podido o querido tener en cuenta, como son la naturaleza de su conducta y el contexto en el que se llevó a cabo”. 

Andrés García Berrio, abogado del equipo jurídico de Albert Tió y especialista en la defensa de derechos humanos, ha recordado que “Albert ha decidido dar la cara por él y por muchas otras personas que son consumidoras de cannabis y es importante que también ellas se responsabilicen y den apoyo al indulto y exijan una regulación”.

CAMPAÑA

MANIFIESTO

Son muchas las personas que de manera consciente y responsable consumen cannabis y en la actualidad tienen una situación de absoluta inseguridad jurídica.

Hay lugares como Uruguay o California que avanzan en la regulación pero aquí ahora no estamos avanzando. El Tribunal Constitucional ha suspendido leyes que regulaban el consumo de cannabis en Cataluña y Navarra y el Tribunal Supremo ha entrado en una espiral de criminalización de las Asociaciones de Cannabis.

La situación actual, además de generar inseguridad jurídica a las personas consumidoras, las criminaliza. Hay personas que pueden entrar en prisión por haber participado en las actividades de una Asociación de Consumidores de Cannabis.

Centenares de personas al año son sancionadas por dar positivo en un drogotest mientras conducían. Técnicamente no se puede saber si el consumo se ha producido ese mismo día o varios días antes. Es completamente injusto.

Muchas personas cultivan para su propio consumo pero la falta de regulación hace que no estén tranquilas mientras lo hacen. Además, miles de personas son multadas cada año por consumir o tener cannabis encima. De hecho, más del 50% de personas multadas por la Ley Mordaza cada año es por éste motivo.

Urge una regulación integral que otorgue derechos al consumo y que garantice un uso del cannabis responsable. ¿Te sumas?

#ConsumoConDerechos #CannabisResponsable

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